COVID19-COLOMBIA| las peticiones de organizaciones sociales para proteger al campo colombiano

Martes, 21 Abril, 2020 - 13:14
Integrantes de 47 organizaciones sociales y ocho nacionales presentaron una carta abierta de 17 páginas al presidente Iván Duque, con las que, en siete planteamientos, exponen el panorama que se avizora para el campo colombiano de cara a la contingencia por el Covid-19. La misiva recopila las preocupaciones que tienen los líderes campesinos sobre el futuro de un sector, las complicaciones sociales, económicas y culturales que traerá la pandemia.
La misiva trae consigo algunas propuestas, con las que, consideran ellos, se podría mitigar el impacto sobre quienes se han encargado de producir el alimento de todos los colombianos, con el fin de evitar que la pandemia termine por profundizar la desigualdad para esta población. Sostienen además que el autocuidado no es suficiente, por eso plantean propuestas en torno a aspectos como salud, agua y economía campesina.
“La situación del sector agrario en Colombia no es desconocida para nadie”, asegura Nidia Quintero, vocera de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) en Putumayo. Sostiene que si a esa situación se le suma la coyuntura que vive el país y el mundo con la aparición del nuevo coronavirus, el campo podría enfrentar “consecuencias fatales para los habitantes de la zona rural”.
“Nosotros y en cabeza de las organizaciones sociales que representan los campesinos y campesinas que se encuentran en las zonas más apartadas del país, pero que están de la geografía nacional, le hagamos este respetado llamado al Gobierno Nacional. Apoyamos las medidas que ha tomado, como la cuarentena, pero que ellos también deben garantizar unas condiciones para no profundizar más la pobreza en el campo”, puntualizó Quintero. Las organizaciones sociales firmantes piden al Gobierno del presidente Duque tener en cuenta los siguientes puntos que, según sus análisis, resolverían en gran medida los problemas estructurales del campo colombiano.
Uno es la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Campesino y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Así mismo, piden iniciar la formulación de la política pública del campesinado con la participación amplia de las organizaciones campesinas, tal como están inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo. Y finalmente, cumplir con el punto 3 del Acuerdo de Paz, llamado ‘Reforma Rural Integral’, en el aparte que habla al acceso al banco de tierras.
Otras propuestas en la misiva
Por la arista de ‘Salud y seguridad social’, el pliego plantea que la división entre los servicios de salud en el campo a lo que se ve en la ciudad se manifiesta en pocos o inexistentes puestos de salud, infraestructura deteriorada, pocos médicos, entre otras situaciones. Precisa que la mayoría de habitantes rurales están en etapa de vejez, lo que incrementa los riesgos de contagiarse del virus. En ese orden de ideas, las propuestas son:
Expedir el plan nacional de salud rural con enfoque territorial.
Instalar puestos de salud rural en donde no existen y fortalecer los existentes a través de personal y dotación suficiente.
Implementar campañas y brigadas de prevención itinerantes en veredas y corregimientos.
Garantizar pruebas rápidas de diagnóstico del Covid-19 en las comunidades rurales.
Suministrar kits de prevención (tapabocas, gel, alcohol).
Recuerdan que el agua es un derecho humano y más, si se trata de la coyuntura que se está padeciendo (el constante lavado de manos, una de las medidas contra el virus). Enfatizan que conseguir agua en la mayoría de zonas rurales de Colombia se vuelve toda una odisea, sin contar que en algunas zonas hoy se pasa por extensas sequias. En ese orden de ideas, piden:
Suministrar agua potable y elementos para potabilizar la que se tiene de manera permanente.
Disminuir los costos de funcionamiento de los acueductos comunitarios y dotarlos con los equipos técnicos necesarios para garantizar el servicio permanente.
Fortalecer los acueductos comunitarios y priorizarlos para otorgarles concesiones de aguas superficiales y subterráneas.
Brindar asesoría a las comunidades para que estos acueductos accedan a una concesión.
Proteger las fuentes hídricas, garantizar su acceso público y libre.
Implementar campañas de sensibilización sobre el cuidado y racionamiento del agua.
Por otro lado, plantean que el fuerte impacto que se viene analizando por la recesión económica, no solo afectará al sector bursátil, sino que las economías locales y campesinas también se verán fuertemente golpeadas. Las comunidades campesinas se ven en la dificultad de vender sus cosechas en medio de la cuarentena debido a la carencia de vías apropiadas de acceso. Las propuestas en esta arista son:
Reconocer la economía campesina, familiar y comunitaria como un eje fundamental en el desarrollo de la economía nacional.
Establecer un programa que reemplace las importaciones de alimentos apoyando la economía campesina.
Proveer al campesinado de insumos, semillas criollas y abonos.
Crear fondos de fomento o líneas crediticias para el campesinado.
Crear líneas de arreglo crediticio dirigidas al campesinado, que incluya la condonación de las cuotas de los créditos en el marco de la pandemia.
Regular y garantizar la comercialización de alimentos campesinos a precio justo.
Garantizar el transporte permanente y la logística desde las zonas de producción a los centros de consumo.
Controlar el acaparamiento y sancionar la especulación de los distribuidores.
Financiar e implementar programas de distribución de ayuda humanitaria del Estado, basada en los alimentos que produce el campesinado.
Hacer un diagnóstico rápido de productos de cosecha, posibilidades de pérdidas y próximas cosechas en riesgo.
Garantizar la movilidad de los campesinos en las zonas rurales, tanto para ir a sus labores productivas, como para acudir a la compra de insumos, mercados y bienes básicos.
Promover formas de comercialización como los mercados campesinos.
El sector educativo es un escenario en el que la zona rural se ve también con dificultades, explica la carta. Una de las medidas fue el acceso a internet para acceder a los contenidos pedagógicos. Pero recalcan que esta apuesta es un imposible en un escenario en el que más de dos millones de estudiantes no tienen un computador para ello. Las propuestas son:
Proveer un paquete de datos mínimo viable para las familias rurales.
Garantizar a los estudiantes y docentes de la ruralidad el acceso a una tableta y un proceso mínimo de formación sobre su uso para poder diseñar un paquete educativo virtual.
Apoyar las emisoras comunitarias por ser el medio más efectivo para educar a la población en las zonas rurales, eximiéndolas del pago de contribuciones, tasas e impuestos por este año, y asignarles un presupuesto como contrapartida por la emisión de campañas gubernamentales para controlar la pandemia.
Sostienen que estar mucho tiempo confinados en las viviendas, dificultan la convivencia. Exponen que la violencia doméstica contra la mujer es, en la mayoría de los casos, la constante en estos hogares. A eso se le suma la sobrecarga en las labores de cuidado de los niños, lo que aumenta el tiempo de trabajo en la casa. En ese sentido, las propuestas son:
Adecuar los programas de prevención y atención para las niñas y mujeres en la ruralidad quienes son las principales víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.
Vincular a las mujeres campesinas a los espacios de toma de decisiones en salud y convivencia para enfrentar esta pandemia.
Fortalecer las organizaciones de mujeres campesinas con herramientas de orientación en casos de violencia de género.
Caracterizar a las mujeres campesinas para darle un enfoque diferencial dentro de las políticas.
Dar cumplimiento al Gran Pacto por la Equidad de la Mujer Rural e implementar la Ley 731 de 2002 y la Ley 1900 de 2018.
Puntualizan que el asesinato de líderes rurales no ha parado durante estos días de cuarentena. Indican que a la fecha, 14 han sido asesinados desde el inicio del confinamiento. Afirman que los violentos no han guardado la medida presidencial. En ese orden de ideas, las propuestas planteadas por los movimientos sociales rurales son:
Implementar medidas contundentes en la garantía y protección del derecho a la vida, la integridad personal y del derecho a defender derechos.
Activar, en articulación con las guardias campesinas y con base en el Acuerdo de Paz, el Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones en los territorios.
Cumplir con las medidas de seguridad ordenadas en la sentencia del 25 de marzo de 2020, que pide proteger el derecho a defender derechos.
Detener los operativos de erradicación forzada durante la cuarentena.
Las organizaciones campesinas alertan que las transferencias de programas como Familias en Acción o Ingreso Solidario no están llegando a los territorios campesinos. En ese sentido, proponen:
Crear un apoyo específico para el campesinado en el marco de la pandemia para quienes no están registrados estos programas.
Entregar estos subsidios directamente en los corregimientos y veredas, no en los cascos urbanos pues se terminan presentando aglomeraciones.
Brindar apoyo para garantizar la logística y alimentación de las guardias campesinas que están trabajando en el control territorial de sus veredas.
FUENTE: https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/peticiones-campo-colombiano-coronavirus
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