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BLOG WASH RURAL

ECUADOR: Costos Asociados a Servicios Inadecuados de Agua, Saneamiento e Higiene en el área rural.


Un estudio promovido por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), hoy Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Ecuador y la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, desarrollado en los años 2019 y 2020, analiza los impactos económicos derivados de la ausencia de servicios adecuados de Agua, Saneamiento Básico e Higiene (ASH) en las zonas rurales de Ecuador, con base en la metodología de la Iniciativa de Economía del Saneamiento (ESI).


ESI contribuye a la visibilidad de los efectos de la ausencia de servicios ASH adecuados y a su cuantificación en términos monetarios, en especial en lo que respecta a los resultados en salud y el desarrollo de actividades productivas, lo que a su vez, incide en la persistencia de la pobreza y el desarrollo económico y social del país.


A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendaciones:


CONCLUSIONES:


Sólo un 36,4% de la población rural accede de manera simultánea a servicios de agua, saneamiento básico e higiene adecuados. En particular, sólo el 51,4% de la población rural ecuatoriana tiene acceso a agua gestionada de manera segura, en comparación con 79,1% de la población urbana. En cuanto a los servicios de saneamiento, aunque se tiene una cobertura a un nivel de servicio básico de 80,4% en zonas rurales (en comparación con 88,5% en zonas urbanas), se estima que alrededor de 3% de la población rural realiza la defecación al aire libre. Cabe notar que, además de las brechas urbano-rurales, se evidencian también diferencias importantes por región, siendo la región Amazónica la más vulnerable.


La falta de acceso a servicios adecuados de ASH en las zonas rurales de Ecuador genera daños económicos importantes para el país, equivalentes a US$2,3 billones (2,3% del PIB nacional del año 2016). Los resultados evidencian que estos costos se distribuyen, principalmente, entre los costos de salud asociados con el cuidado, el costo de oportunidad en productividad y las muertes prematuras por enfermedades conexas a servicios de agua, saneamiento básico e higiene deficientes (58%) y los costos asociados con la gestión de los recursos hídricos, a saber, el tratamiento y transporte del agua (42%).


Entre los US$1,3 billones de impactos en salud, se destacan los costos asociados con el tratamiento y cuidado de los menores de 5 años, siendo ésta la población más vulnerable y propensa a padecer enfermedades diarreicas, IRA o desnutrición, entre otras. Este resultado destaca la importancia de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el “Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil”.



Respecto a la gestión de los recursos hídricos, la calidad del agua (efectiva y por percepción) parece tener un peso importante en los costos de no acceder a una fuente gestionada de manera segura. Como consecuencia, muchos hogares rurales se ven en la obligación de pagar precios más elevados por el agua (embotellada o adquirida a vendedores o tanqueros), acarrear agua hasta la vivienda y/o utilizar diversas tecnologías de tratamiento para la potabilización del recurso.


Cabe mencionar que estas estimaciones están sujetas a la calidad y disponibilidad de información detallada sobre los costos y el acceso a los servicios de ASH en las zonas rurales de Ecuador. Así, aunque la metodología ESI permitiría evaluar los costos en otros sectores (por ej. agropecuario) y obtener estimaciones más robustas, este estudio realiza una estimación parcial de los costos, por lo que los valores aquí presentados probablemente subestiman los costos reales asociados a la ausencia de servicios de agua, saneamiento básico e higiene adecuados.


El costo económico total asociado al acceso deficiente a los servicios de agua, saneamiento básico e higiene es equivalente a US$2,3 billones o 2,3% del PIB a nivel nacional.

RECOMENDACIONES:


Fortalecer los sistemas de información existentes para generar información sectorial oportuna y de calidad en las zonas rurales y con ello obtener un diagnóstico robusto del acceso y calidad de los servicios de agua, saneamiento básico e higiene. En particular, es necesario tener un mejor conocimiento de la cadena de valor de los servicios de saneamiento básico (recolección, transporte, tratamiento y reúso o disposición) para orientar el diseño e implementación de políticas públicas y, en este caso, estimar de una mejor manera los costos de acceder a sistemas de saneamiento básico no gestionados de manera adecuada.


Promover la coordinación entre las entidades responsables por la gestión de la información sectorial, en particular el INEC y el ARCA, mejorando la eficiencia en los procesos de recolección y uso de la información, así como en la gestión de los recursos públicos asignados para ello.


Asignar recursos públicos, gestionar recursos privados o de fondos especiales y priorizar las inversiones para reducir las brechas de acceso y calidad de los servicios entre el área urbana y rural y entre las regiones, y propender por una prestación sostenible de los servicios de agua, saneamiento básico e higiene. Estas inversiones tendrán efectos positivos en otras dimensiones del bienestar de las personas, en particular, sobre la reducción en la prevalencia e incidencia de enfermedades transmisibles por el agua u otras asociadas, como la diarrea y la desnutrición.


Desarrollar un programa de fortalecimiento institucional y mejoramiento de la gobernanza en la gestión de los servicios de agua, saneamiento básico e higiene, con énfasis en el desarrollo de las capacidades de los operadores rurales (por ejemplo, las JAAP) y el conocimiento de los usuarios.


Fortalecer los sistemas de gestión del riesgo ante choques naturales o de otra índole (por ej. una emergencia sanitaria como el COVID-19), y los mecanismos de respuesta para minimizar los efectos de salud pública sobre las comunidades afectadas, mejorando su resiliencia en el mediano y largo plazo. En particular, considerando los efectos de la pandemia por COVID-19, se hace necesario operacionalizar los planes de contingencia por parte de los prestadores para que puedan prepararse y responder de una manera más efectiva ante situaciones de crisis y, con ello, asegurar la continuidad y calidad de los servicios.



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FUENTE: UNICEF










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