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ECUADOR: Organizaciones se pronuncian sobre la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Agua



Organizaciones piden que la elaboración del proyecto de ley que formule el ejecutivo sea realizadas con participación ciudadana y en procesos de consulta prelegislativa. Igual procedimiento debe darse para el futuro reglamento.

A través de sentencia No. 45-15-IN/22, la Corte Constitucional del Ecuador, declaró la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Administración del Agua, LORHUAA, promulgada del 2014, y, su reglamento.


Además, la Corte dispone al Presidente de la República que en el plazo de 12 meses elabore y presente un nuevo proyecto de Ley a la Asamblea Nacional para su trámite. Mientras tanto ambas normas en referencia permanecerán vigentes hasta la aprobación de un nueva Ley.


La Corte considera que la Ley es “inconstitucional en la forma pues la realización de la consulta prelegislativa no ha garantizado su finalidad, de que se escuche la opinión de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, que estos participen en asuntos públicos, que les afectan y dado que tampoco fue culturalmente adecuada”.


La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por la CONAIE, la ECUARUNARI y otras organizaciones en el año 2015.


Ante la demanda, el pasado 3 de febrero de 2022, la Mesa Nacional de Trabajo del Foro de los Recursos Hídricos (FRH) del Ecuador, analizó esta resolución de la Corte y emitió un Pronunciamiento Público.





En la Mesa, se recalcó que es un precedente importante que la Corte señale que la Ley debe realizarse con una adecuada consulta prelegislativa a comunidades, pueblos y nacionalidades. Además:


  • La elaboración del proyecto de ley que formule el ejecutivo deberá hacerse con participación ciudadana y en procesos de consulta prelegislativa, ya que la ley cubre a toda la sociedad. Igual procedimiento debe darse para el futuro reglamento.

  • Para garantizar que la elaboración de la ley se haga según lo dicho en el párrafo anterior, solicitamos el establecimiento de una veeduría social, que acompañe los procesos tanto a nivel nacional como local.

  • La nueva Ley se enmarque en los principios de nuestra Constitución, que rescate los avances normativos logrados hasta la actualidad y que se proyecte de acuerdo a los nuevos desafíos globales y nacionales para lograr una ley orientada a la conservación de las fuentes hídricas, a la lucha contra la contaminación, al acceso equitativo del agua, al fortalecimiento de los servicios públicos y comunitarios del agua, al respeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades, así como para contar con un sistema nacional estratégico del agua, articulado, eficiente y democrático.




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