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La Gestión Comunitaria del Agua en Ecuador: Una Mirada Desde la Realidad



Hay muchos factores que afectan el funcionamiento normal y a la calidad y sostenibilidad de los servicios comunitarios de agua potable y saneamiento. Estos pueden ser de tipo legal, político municipal y malas prácticas propias de los prestadores comunitarios de estos servicios. Los visibilizamos en este post.


AUTOR: Ing. Carlos Falconí G.


EL MARCO LEGAL Y LAS JAAPS


En Ecuador, funcionarios de autoridades nacionales y municipales están convencidos de que las JAAP’s (como se las llama en el país) deben desaparecer, que, es más, la ley así lo determina. Todo proviene de una redacción que puede interpretarse ambigua en el art. 43 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento de Aguas (Antes conocida como Ley de Aguas, Codificación 16, Registro Oficial 339 de 20 de Mayo del 2004):


“En el cantón donde el gobierno autónomo descentralizado municipal preste el servicio de manera directa o a través de una empresa pública de agua potable y esta cubra los servicios que por ley le corresponden, en toda su jurisdicción, no podrán constituirse juntasadministradoras de agua potable y saneamiento.” Esto ocurre aun cuando en el reglamento de la ley, en el mismo número de artículo, se dice en dicho caso “b) Coordinar con las Juntas existentes que cumplan esas funciones, el modelo de prestación de servicios con énfasis en las alianzas público-comunitarias, priorizando la optimización de los servicios prestados por las Juntas menos eficientes.”


Ley y reglamento en este caso se complementan, no se contradicen; pero, para muchos, la lectura de aquel párrafo del art. 43 de la ley ha sido determinante para impulsar un proceso confuso que incluso proviene de la misma Autoridad Nacional (ahora en curso de colisión ministerial).



LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y LAS JAAPS


Las municipalidades, las empresas públicas relacionadas, tienen un interés comercial de expandir el número de sus clientes. Para hacerlo, se valen de estrategias diversas camufladas en un ejercicio bastante tibio, sumamente pobre, de las alianzas público comunitarias: brindan una suerte de “asesoramiento” anclado a “algo” que denominan “certificación del servicio”, que la ley y el reglamento no mencionan (se habla del plan de mejoras, al cual deben converger las municipalidades en general). Su intención sería acorralar a las JAAP’s hacia una situación de fallo de sus sistemas y determinar la intervención temporalen los mismos (art. 47 reglamento). Y en algunos casos, median créditos que las municipalidades han contraído con el Estado para el mejoramiento de los sistemas comunitarios.


No todo es culpa de la mala interpretación de los cuerpos legales citados. Siempre he creído que el modelo de las organizaciones comunitarias prestadoras del servicio de agua potable y saneamiento debe ser revisado conceptualmente. El trabajo comunitario, invalorable desde una perspectiva socioeconómica, no se visibiliza incluso para cuantificar el PIB (igual que el caso de las amas de casa, a menos que esté equivocado). Esfuerzos anteriores de valorar la participación comunitaria cayeron en desuso hasta en los préstamos provenientes del actual BDE BP. Y, si acaso se lo hacía, tampoco es que respondían a un valor real en términos económicos.

Las municipalidades, las empresas públicas relacionadas, tienen un interés comercial de expandir el número de sus clientes hacia el sector periurbano y rural


LA NECESIDAD DE EVOLUCIÓN DE LAS JAAP’s:


En mi opinión, las organizaciones comunitarias tienen que evolucionar a un modelo de micro empresa, incorporando gradualmente el pago de salarios reales a los protagonistas de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas; esto, desde luego, significa que deben establecer evolutivamente tarifas reales por la prestación del servicio: los directorios de las organizaciones deberían tener más independencia y capacidad ejecutiva (no manipulables o des - autorizables en asambleas de los miembros).


En las JAAP fácilmente se pueden identificar indicadores como agua no facturada (ANF) superior al 70%, eficiencia de recaudación inferior al 40%, inexistencia de catastros de usuarios o total desactualización de éstos. Si bien los aspectos financieros de las organizaciones comunitarias pueden parecer sencillos por su pequeña escala, los reportes contables adolecen de una total falta de detalle y de desglose especialmente de gastos.


Estos factores hacen que las JAAP’s (aplico a Ecuador mi apreciación) sean clientes no muy deseados en procesos de asistencia técnica o de mejoramiento de sus sistemas: en cualquier caso, son clientes espanta - profesionales. Este aspecto ha sido agravado también por la escasa disposición de los colegas ingenieros civiles para brindar capacitación a operadores y administradores de los sistemas comunitarios. La Autoridad del Agua también ha contribuido a esto, pues, por ejemplo, si bien ha logrado en algunas localizaciones y juntas la incorporación de partidores de caudal, no se exige a los profesionales responsables de su diseño y construcción el idear medios suficientemente didácticos para capacitar a quienes corresponda en prácticas sencillas de aforo de caudal: los informes técnicos relacionados dejan mucho que desear, tanto los de los ingenieros que diseñaron y/o construyeron, como de los profesionales que “aprobaron” los reportes anteriores.



A esto se suma que existen prácticas rutinarias en las organizaciones comunitarias apegadas a la percepción del “trabajo no remunerado” (salvo en el caso del operador, contador(a) y acaso tesorero(a)), lo que a corto plazo desincentiva cualquier intento de inducir una cultura tendiente a la sistematización de mediciones diarias de los parámetros que sean convenientes y necesarios (caudal, presión, concentración de cloro, pH, turbiedad, color) y otras de carácter periódico (procesamiento de reportes periódicos de resultados de análisis de laboratorios): las personas, sencillamente, tienen que llevar el pan a sus hogares, lo cual es correcto y muy justo.


Las mediciones de caudal en las fuentes pueden ser muy sencillas de hacer instruyendo a los operadores sobre el uso de los vertederos (generalmente triangulares); pero, se recurre al inexacto método del aforo volumétrico en balde de 10 litros siendo que si el caudal supera los 2 l/s la fuerza del agua escupe al balde de entre las manos de cualquier persona que no está habituada a dicha práctica, afectando a la exactitud de la medida. ¿Cómo se puede determinar la incidencia del cambio climático en los sistemas comunitarios de agua potable si en estos no se practican aforos de caudales con suficiente frecuencia y precisión?


Entonces, con ANF en la estratosfera los caudales en los sistemas aparentemente siempre son deficitarios y los directivos buscan nuevas fuentes para incorporar más caudal, un círculo vicioso que comparten también las municipalidades y sus empresas públicas de agua y alcantarillado.


También contribuye al fallo de los sistemas comunitarios el apego a viejas prácticas, a recetas que incluso provienen de la autoridad del agua (un ejemplo es aquella de 4 onzas de HTH por l/s de caudal, que es completamente equivocada), a la percepción desde las autoridades nacionales y locales de que tan sólo es necesario “dictar órdenes” que los operadores apliquen al pie de la letra aunque ésta no sea correcta o esté equivocada, sin desarrollar en los operadores alguna capacidad de análisis incluso facilitando herramientas didácticas para su trabajo. Por supuesto, hay casos “emblemáticos” de tozudez entre algunos operadores de sistemas comunitarios de agua, cuya actitud es tan negativa que incluso “sabotean” las operaciones de capacitación en curso solo con la finalidad de no incorporar nuevas y mejores prácticas a su rutina, desde su percepción, para no complicarse la vida.


¿Cómo se puede determinar la incidencia del cambio climático en los sistemas comunitarios de agua potable si en estos no se practican aforos de caudales con suficiente frecuencia y precisión?

Algunas de estas singularidades lo he verificado en la zona de Pifo, Yaruquí, con la irrupción del proyecto Palugillo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Quito (EPMAPS-Q), proceso en el cual participa el Fondo del Agua ¡a través de una suerte de “socialización des – socializante”! Se trata de desmotivar a los pocos dirigentes que impulsan principios como las alianzas público comunitarias y provocar su agotamiento. Incluso, se deja circular rumores en torno a que las municipalidades, las empresas, pueden “comprar” los sistemas comunitarios (y luego vendría la repartición de “utilidades” de la venta entre los comuneros), cuando en realidad, en caso de un traspaso y la auto extinción de una JAAP, la municipalidad local sólo declarará de utilidad pública lo que corresponda. Entonces, todos quedarán “con los churos hechos”.



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Ing. Carlos Falconí

Exsubsecretario de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI (2012, antes de su transición a SENAGUA), asesor técnico en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P (2014 – 2017). Es un profesional Ingeniero Civil (Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad Central (1983)) quien ha trabajado especialmente en el área de ingeniería sanitaria.


EMAIL: carlosfalconig@gmail.com

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Interesante perspectiva Ingeniero, gracias por compartirla 🤓. ¿Cree Usted que desde el 2020 han cambiado las cosas, al menos parcialmente, por las nuevas regulaciones de la ARCA que establecen de manera más clara las responsabilidades del Estado en el fortalecimiento de las JAAPS? Me gustaría conocer su perspectiva al respecto.

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